Los gobiernos de Cali y del Valle del Cauca aplaudieron la decisión que adoptó la Corte Constitucional de Colombia de facultar a alcaldes y gobernadores para aprobar o frenar proyectos de exploración y explotación de minería. Esa facultad era exclusiva del Gobierno Nacional.
Aunque en el Valle la participación en esa clase de proyectos no es elevada, sí se han presentado graves problemas en la llamada industria extractiva, especialmente en la vía a Buenaventura.
Datos del Igac, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, indican que la actividad minera se desarrolla en la cuarta parte del Departamento, con base en estudios realizados sobre el uso del suelo colombiano.
En dicho análisis, el organismo estableció que, en el caso del Valle del Cauca, que tiene 2.894.298 hectáreas, cerca de 96.958 de ellas tienen títulos mineros otorgados por Ingeominas. Pero la proporción de la actividad de minería, en la práctica, llega a ser cinco veces mayor.
Es decir, que aunque el 5 % del territorio tiene títulos de extracción minera legales, hay otro 20 % en el que la actividad se realiza de forma ilegal (es decir, la quinta parte del departamento). Una de las zonas que muestra serios problemas de minería ilegal es el corredor vial a Buenaventura, especialmente en el sector de Zaragoza.
