First Quantum tuvo que reducir aún más el procesamiento de mineral en su mina de Panamá, ya que los bloqueos en un puerto local han interrumpido los envíos de suministros necesarios para alimentar las operaciones.

La Corte Suprema de Panamá declaró inconstitucional la Ley 406 y el Presidente de Panamá, Laurentino Cortizo, anunció un proceso de transición para el cierre de la mina Cobre Panamá. Minera Panamá S.A. (MPSA), filial de First Quantum Minerals Ltd. (FQM), se encuentra actualmente en proceso de cierre. (FQM), está actualmente buscando detalles adicionales con respecto al fallo y sus implicaciones. Con estos acontecimientos, la compañía dijo que está suspendiendo su guía de producción para Cobre Panamá para el año en curso.

FQM dijo que la decisión del tribunal no tiene en cuenta un escenario de cierre planificado y gestionado, en el que se requiere la aplicación de medidas ambientales clave para mantener la seguridad ambiental del sitio durante este proceso. Normalmente, esto implicaría el desarrollo de controles medioambientales para garantizar la estabilidad física y química a largo plazo de toda la infraestructura en las condiciones climáticas actuales y extremas para evitar el impacto medioambiental a largo plazo. Algunos de estos requisitos medioambientales que requieren aclaración incluyen el plan del Gobierno para la gestión de las instalaciones de almacenamiento de estériles y tratamiento de aguas para preservar la calidad del agua, mantener la seguridad y evitar fallos. Además, habrá que abordar el futuro de los programas de rehabilitación, reforestación y conservación de especies de Cobre Panamá, así como la protección de casi el 20% del total de áreas protegidas de Panamá, actualmente financiados por Cobre Panamá.

El 14 de noviembre, First Quantum presentó al Ministerio de Comercio e Industria de Panamá una notificación de intención de iniciar un arbitraje para hacer valer sus derechos en virtud del derecho internacional de conformidad con el Tratado de Libre Comercio entre Canadá y Panamá. La notificación de intención facilita las consultas entre el Gobierno de Panamá y MPSA en virtud del Tratado de Libre Comercio para evitar la necesidad de presentar cualquier arbitraje de este tipo.

El 29 de noviembre, MPSA inició un arbitraje ante la Corte Internacional de Arbitraje (CCI) para proteger sus derechos en virtud del acuerdo de concesión de 2023 que el Gobierno de Panamá acordó a principios de este año. El acuerdo de arbitraje prevé el arbitraje en Miami, Florida.

First Quantum, a través de Cobre Panamá, reitera que la transparencia y el cumplimiento de la ley siempre han sido fundamentales para el desarrollo de sus operaciones y se mantiene abierta al diálogo constructivo para alcanzar consensos.

Durante los últimos 25 años, MPSA ha desarrollado y explotado la mina Cobre Panamá. El desarrollo de la mina se ha regido por un contrato de concesión firmado por primera vez por la República de Panamá y MPSA en febrero de 1996 y aprobado por contrato ley 9 por la Asamblea Nacional en febrero de 1997. Sobre la base de dicho contrato, Cobre Panamá ha invertido 10.000 millones de dólares en la mina y en las infraestructuras asociadas, incluida una central eléctrica, líneas de transmisión a campo traviesa, carreteras y un puerto.

Cobre Panamá también ha desarrollado importantes programas de divulgación comunitaria y mitigación ambiental, tanto durante la fase de construcción de la mina como desde el inicio de las operaciones comerciales en septiembre de 2019. La mina se rige por una aprobación de Evaluación de Impacto Ambiental y Social que estipula 371 obligaciones con respecto a la administración de la mina, las comunidades y el medio ambiente, por ejemplo, el requisito de proporcionar la reforestación continua de 11,175 hectáreas de bosque en Panamá. Hasta la fecha, la mina ha afectado a unas 3.000 hectáreas para actividades mineras, mientras que ha completado la reforestación de unas 4.200 hectáreas en todo Panamá, y ofrece programas de apoyo a más de 200.000 hectáreas de áreas protegidas, lo que representa casi el 20% del total de áreas protegidas de Panamá.

Tras una decisión de la Corte Suprema a finales de 2017 y a petición del Gobierno de Panamá, MPSA inició un extenso proceso de renegociación de los términos del Contrato de Concesión, que duró más de dos años. La Compañía y Panamá acordaron un nuevo contrato de Acuerdo de Concesión en marzo de 2023 que, tras la debida consulta pública y la firma regulatoria, fue aprobado mediante el contrato ley 406 por la Asamblea Nacional el 20 de octubre de 2023..