El Senado uruguayo aprobó un proyecto que regula la minería de gran porte en el país -enviándolo a la Cámara baja para su sanción- con los votos de la izquierda gobernante y en medio del rechazo de organizaciones ambientalistas.

Tras un intenso debate de más de 7 horas, el proyecto se aprobó con 16 votos de 30 senadores, mientras las barras tuvieron que ser desalojadas de activistas que propinaron insultos a los legisladores oficialistas.

“La minería a cielo abierto tiene discusión a nivel mundial, acá hicimos los máximos esfuerzos para asegurarnos que produzca las mínimas consecuencias ambientales, oímos las preocupaciones de todos”, dijo a la agencia de noticias AFP el senador oficialista Alberto Couriel.

La formulación de la ley define como minería de gran porte los proyectos de explotación de minerales metálicos que ocupen una superficie superior a 400 hectáreas de intervención directa o que suponga una inversión superior a US$ 113 millones.

A su vez, prevé gravar la renta operacional proveniente de la actividad minera, y obliga a las empresas que extraigan el mineral a presentar un plan de cierre para cuando finalicen las extracciones.

El proyecto fue elaborado tras más de un año de negociaciones entre los distintos partidos políticos, pero finalmente no fue acompañado por la oposición.

La creación del proyecto -que retornó a Diputados luego de que el Senado modificara el texto que ya había aprobado la Cámara baja- surgió por el debate generado con la llegada del proyecto de explotación de hierro de la minera Aratirí -filial local del grupo indio Zamin Ferrous- que de concretarse abarcaría cinco departamentos del centro-oeste del país, sobre una zona de 14.000 hectáreas.

La inversión de Aratirí superaría US$ 2.800 millones, la mayor en el sector privado en la historia del país.

El proyecto -que se prevé será aprobado con la mayoría parlamentaria que ostenta la izquierda- movilizó a organizaciones medioambientalistas y productores rurales que consideran que la explotación minera a gran escala generará un desgaste irrecuperable en el país agroexportador.

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