La Corte de Constitucionalidad de Guatemala confirmó en forma definitiva el viernes un amparo otorgado por una corte de apelaciones a una organización ambiental que alega se violentaron sus derechos cuando no se atendió la oposición que tenía a la concesión de una licencia minera.
El fallo va contra la Dirección General de Minería del Ministerio de Energía y Minas guatemalteco y ordena que el director de esa institución atienda la oposición del Centro de Acción Legal Ambiental y Social, el cual rechaza la licencia de explotación minera concedida a la empresa MayaNíquel de Guatemala, Sociedad Anónima.
Según el amparo otorgado por la corte de apelaciones, el director general de Minería habría violentado el debido proceso administrativo de la concesión minera.
“El efecto del amparo definitivo es retrotraer el caso al momento de la solicitud de intervención de la organización”, dijo a The Associated Press Gloria Porras, presidenta de la Corte de Constitucionalidad, “lo que deja sin efecto lo actuado posteriormente”. Entre las acciones hechas a la postre está el otorgamiento de la licencia de explotación minera.
Según el fallo de la Corte el proyecto minero de MayaNíquel se llama Niquegua Montufar II. Sin embargo, la empresa asegura que la Corte de Constitucionalidad cometió un error al referirse al proyecto, pues el que está ubicado en el lugar y que es de su propiedad se llama Proyecto de Extracción Minera Sechol, “lo cual la Corte deberá corregir”, dijo vía telefónica a la AP Konstantinos Skoparantzos, gerente general de MayaNíquel.
El proyecto minero está ubicado entre los municipios de Senahú y Panzós en el departamento de Alta Verapaz en la región norte del país.
