El consorcio Korea Panamá Mining Corporation (KPMC) aportará $155 millones para adquirir el 20% del proyecto de explotación de cobre en Donoso, Panamá, que realizará Inmet Mining. Con este capital, el consorcio coreano liderado por la estatal Korean Resources Corporation y la refinadora LS-Nikko Copper, cubre parte de los costos incurridos por Inmet hasta la fecha del contrato de opción de compra (28 de octubre de 2009), y parte de los costos del desarrollo de la mina, informó La Prensa, de Panamá. La transacción debe cerrar en febrero 2012, según informó Inmet, en un comunicado divulgado en su sitio web.

El Colegio Nacional de Abogados (CNA) así como la organización Centro de Incidencia Ambiental (Ciam) advirtieron que la operación es ilegal porque “viola el párrafo segundo del artículo 3 de la Constitución panameña, que prohíbe la cesión parcial de derechos territoriales a Estados extranjeros, como es el caso de las concesiones mineras”. La decisión surge luego que el pasado 28 de diciembre, la Autoridad Nacional del Ambiente (Anam) le aprobara a la subsidiaria de Inmet, Minera Panamá, el estudio de impacto ambiental para proceder con la mina. A su vez, el 27 de diciembre la Corte Suprema de Justicia resolvió dejar a Donoso como “área protegida”, negándole la petición a Minera Panamá de derogar ese estatus de conservación. César Ruiloba, presidente del CNA, indicó que “en los estados de derecho se aplica la norma constitucional, y no hay que esperar que se dé la reforma al código minero”, refiriéndose al vacío legal en este asunto dentro del Código de Recursos Minerales por las pasadas reformas que fueron derogadas.

A la Corte Suprema le corresponde resolver el asunto pero se requiere que se argumente la inconstitucionalidad, concluyó el directivo. La organización Panamá Sostenible adelantó que grupos ambientalistas interpondrán dicho recurso y analizan la forma legal. “Sería imposible que Minera Panamá construya dicha mina con planta termoeléctrica, incinerador, ductos enterrados, lagunas de relaves y hasta un puerto manteniendo la integridad del área protegida, cuando según sus estudios mencionan el desbroce de 5 mil 900 hectáreas”, indicó el Ciam en un comunicado. La organización recordó que Anam no tuvo capacidad de evaluar el estudio de la minera, por lo que contrató a un consultor; “tampoco cuenta con la capacidad de fiscalizar la extracción mineral a cielo abierto”, enfatizó.