Por Affonso Aurino Barros da Cunha

El mercado ha estado siguiendo estrechamente las discusiones entre los extremos privados y públicos del sector minero en Brasil con respecto a los cambios propuestos por el gobierno para el marco legal de la minería del país. Muchos creen que estos cambios finalmente se presentarán al Congreso Nacional durante el primer semestre del año 2013.

Es un entendimiento unánime que el Código Minero Brasileño es anticuado y el país necesita una política clara y coordinado que brinde seguridad a los participantes privados, a fin de permitir el ingreso de más inversiones en el sector. Aún cuando todavía no se ha divulgado formalmente un texto en borrador, la información emitida por el gobierno indica el curso que desea seguir. Los cambios constan de tres temas generales:

  • La revisión del sistema de cobro de regalías (royalties) pagadas por las compañías mineras, conocido como CFEM, probablemente con el aumento de las tarifas;
  • La implementación de un sistema diferente para la concesión de propiedades mineras (arrendamiento), similar a remates públicos, así como también la modernización del Código Minero y la creación del Consejo Nacional de Política Mineral (National Council of Mineral Policy-CNPM); y
  • La transformación del DNPM (el organismo gubernamental vinculado al Ministerio de Minas y Energía que supervisa las actividades mineras en Brasil) dentro de una agencia reguladora. 


Cada uno de dichos temas será dirigido por un Proyecto de Ley específico, pero serán tomados en consideración en conjunto por el Congreso, una vez que el gobierno desee presentar todo a mismo tiempo. Y, éste es uno de los motivos de la demora en el proceso.  Mientras los tres Proyectos de Ley están siendo analizados por miembros del personal de varios Ministerios, EL Proyecto de Ley en el DNPM también está provocando algunas dificultades a las autoridades federales.

Actualmente el DNPM tiene su rendimiento deteriorado por la falta de personal, así como también la falta de autonomía financiera y administrativa. Mientras el plan de gobierno para transformarlo en una agencia reguladora parece ambicioso de manera positiva, esto ha demostrado ser más costoso que lo calculado en un principio. Sólo para comenzar, dicha transformación implica el aumento de los salarios de los empleados del DNPM, de manera que ellos equipararen la remuneración del personal de otras agencias reguladoras. Esto junto con la modernización de toda la estructura del DNPM excede el presupuesto federal para el proyecto.

En todo caso, la transformación planeada significaría un paso esencial para la modernización del sector minero brasileño, lo que trae transparencia y disminuye el nivel de burocracia. En la nueva agencia reguladora (que se llamará Agencia Nacional de Minería (National Mining Agency ó ANM), su presidente tendrá más autonomía del gobierno federal, las decisiones serán tomadas por Junta Colegiada de Directores, y los mandatos tendrán fechas de caducidad predeterminadas. Su ejecución será completada por las actividades del CNPM, que estará compuesto por representantes de varios Ministerios para concebir y coordinar la implementación de una política minera nacional.

Obviamente, en términos prácticos, estos cambios no tendrán significado si el ANM no se encuentra completamente equipado para enfrentar las tareas que serán obligatorias para esto, y el gobierno federal de Brasil debe encontrar la manera de financiarlo. Después de todo, el mercado espera que la industria minera del país reciba cerca de US$68 billones hasta el año 2015. El sector es lejos demasiado importante para someterse a esta modernización y el gobierno está indudablemente conciente de esto.

Affonso Aurino Barros da Cunha es un socio de la firma legal Brasileña Siqueira Castro Advogados. Se especializa en ley minera, fusiones y adquisiciones, e inversión extranjera.  Para mayor información, visite: www.siqueiracastro.com.br.

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